La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, constituida por funcionarios del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha presentado en el Congreso de los Diputados un informe con 31 propuestas para la mejora del regulador nuclear.

 

Madrid, 23 de febrero de 2017

Esta mañana la presidenta de esta asociación profesional, Nieves Sánchez Guitián, ha presentado un informe ante la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear que incluye un conjunto de medidas como cambios normativos, cambios internos de funcionamiento y cambios en materia de transparencia para mejorar la independencia, la neutralidad, la credibilidad y la comunicación del CSN, así como para reforzar la confianza que la sociedad deposita en el organismo regulador.

Como propuestas más importantes, la Asociación entiende que no se deben admitir más nombramientos de consejeros que no hayan sido avalados por  los tres quintos de los miembros que componen la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados, y evitar así nombramientos como el del consejero del Partido Popular (PP) Javier Dies, impuesto mediante decisión del Consejo de Ministros unos días antes de la convocatoria electoral del 20 de diciembre de 2015, sin haber recibido el necesario respaldo del Parlamento. Este proceder resta independencia al regulador, y supone una muestra del caciquismo y de la captura política de la institución, dando a entender que atiende a intereses políticos y económicos distintos a los estrictamente circunscritos a la seguridad nuclear y a la protección radiológica.

La Asociación ha destacado en su informe que no solo es una cuestión de conocimientos técnicos, sino que se necesitan actitudes y capacidades muy distintas a las que trasladan los actuales directivos del órgano regulador. Esta Asociación reclama debates públicos que permitan conocer los argumentos de cada uno de los miembros del Pleno en los que se amparan y se basan sus decisiones. Además, solicita que haya una verdadera “cultura de seguridad”, que garantice que las decisiones se toman siempre con los principios que están establecidos en la normativa y con la debida transparencia.

También ASTECSN ha denunciado en sede parlamentaria malas prácticas en el regulador, como la de llamar a los responsables de la instalación antes de conocer la opinión técnica del inspector que ha detectado un problema; a veces incluso se envían borradores de cartas a los titulares para tener su aprobación antes de tramitarlas, algo inaceptable para esta Asociación de técnicos.  

En lo que respecta a Garoña, la presidenta de ASTECSN ha indicado que “nunca las evaluaciones técnicas deben plantearse como excusa de decisiones políticas”, aclarando además que “nunca se debería emitir un informe favorable para una autorización de explotación cuando se incluyen condiciones imprescindibles para poner en marcha el reactor”. Solo debería darse si ya se han realizado las modificaciones exigibles.

La ASTECSN también ha hablado sobre el hecho de que el director técnico de seguridad nuclear del CSN mandara una carta al propietario de Garoña, en abril de 2015, advirtiéndole de que el CSN no emitiría ningún informe positivo hasta que no se hubieran hecho todas las mejoras en materia de seguridad que el CSN le lleva exigiendo desde 2009, y reiteradas en julio de 2014, mediante una exigente Instrucción Técnica Complementaria (ITC). “Nos preocupa que se diga que ya no tiene valor jurídico una carta remitida por una dirección técnica a un titular, según se ha indicado el otro día por parte de algún responsable. Esto supone un precedente muy peligroso después de muchos años de emitir requisitos mediante cartas firmadas por las direcciones técnicas que pueden quedar en “papel mojado” a conveniencia”, ha manifestado.


Por otra parte, Sanchez Guitián ha subrayado que los técnicos del CSN representados por ASTECSN tampoco entienden por qué se ha eliminado de la Guía de Seguridad 1.10, a petición de la patronal de las eléctricas, UNESA, el límite máximo de 10 años que el CSN ponía al ministerio para renovar las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares españolas.

La Asociación ha denunciado ante los diputados que el Pleno del CSN no entra en materia técnica; que a los inspectores residentes se les ha impedido hablar directamente con los técnicos especialistas; que el Pleno no establece líneas estratégicas y no marca hojas de ruta en cuestiones relevantes; no debate siempre sobre los criterios a aplicar; no resuelve discrepancias y sencillamente la mayoría del Pleno termina aprobando lo que las direcciones técnicas proponen sin preocuparse de sus fundamentos. Estas direcciones técnicas promueven una cultura del miedo, aplicando represalias cuando lo han considerado necesario, y no crean grupos de trabajo abiertos, sino que buscan la compartimentación de los trabajos y el clientelismo, todo ello unido al secretismo de algunos expedientes, como los de Garoña, el del Almacén Temporal Centralizado (ATC) o Palomares. Se genera así el ambiente adecuado para promover una “desregulación encubierta”, sin que nadie asuma la responsabilidad por omisión, es decir, por todo aquello que no se mira, sin que se justifique el por qué.