El Plan de rehabilitación de Palomares sigue siendo confidencial, según trasladó la Abogacía del Estado a la Audiencia Nacional en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo iniciado por Ecologistas en Acción para instar a la limpieza de la zona. No entendemos que se dé este tratamiento a esta información.

Aunque la limpieza de las zonas contaminadas genere residuos, lo cual siempre supone una dificultad en la gestión posterior, la obligación del Estado es proteger a las personas y al medio ambiente de cualquier riesgo. En especial, el Consejo de Seguridad Nuclear debe poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos, e instar y recomendar las acciones pertinentes. Resulta significativo que el CSN conozca los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años, y que los resultados generales de dichos análisis (sin necesidad de identificar personas concretas), que han debido tenerse en cuenta en las evaluaciones efectuadas por el regulador, se mantengan secretos y no disponibles, cuando son la base para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos.

En cualquier caso, consideramos que las medidas a adoptar deben estar basadas en datos objetivos, públicos y con base científica. Si el resultado es que resulta necesaria la limpieza de esos terrenos, ésta debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EE.UU. se haga cargo o no de los residuos. El Estado debe proteger a su población en consecuencia, y almacenar temporal o definitivamente los residuos. Entendemos que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el medio ambiente, como llevan más de 50 años.

La evolución de los radionucleidos Pu-239, Pu-240, Pu-241, así como la aparición de Am-241, generado a partir del Pu-241, tiene como consecuencia la modificación del efecto radiológico, tanto en las personas como en el medio ambiente, debido a un comportamiento más dispersable a medida que van pasando los años.

Como ejemplo de una actuación sobre terrenos contaminados con población, destacamos el realizado en las Islas Marshall, motivado por los ensayos nucleares llevados a cabo allí por EE.UU. Todos los estudios de impacto radiológico, tomando los resultados de estudios de dosimetría interna y externa, junto con las consiguientes actuaciones de restauración y limpieza, se realizaron con transparencia y participación activa de la población afectada, resultando efectivos y permitiendo incluso repoblar áreas anteriormente contaminadas. Las valoraciones e informes han sido públicos en su totalidad, y además, se han publicado en revistas científicas de reconocido prestigio para su consideración y revisión por la comunidad científica. En el caso de Palomares no se ha obrado así, tomándose medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos. Si éstos existen se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada. Permitir la construcción de las balsas de riego fue un ejemplo claro de fallo del regulador, y la forma de gestión posterior de los terrenos, consistente en una intervención disfrazada de plan de investigación, no ha contribuido a generar confianza.

Consideramos que es necesario analizar y, en su caso, rehabilitar esta zona cuanto antes, para poder evitar efectos inaceptables en las personas y en el medio ambiente. El Estado no puede decir únicamente “no hay riesgo” sino que debe exponer los datos y cuantificar el mismo.

Cuanto mayor sea la transparencia, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes. Los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica. El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y trasparente.

La premisa que todavía existe en la cultura del sector nuclear español es que “es mejor no informar a la población sobre los riesgos que están soportando para no crear alarma”. Sin embargo, nosotros entendemos que la alarma se genera cuando se conoce a través de noticias ciertas, con datos fehacientes, que un riesgo real se ha estado ocultando. Entonces, el efecto cae sobre la credibilidad del regulador como institución pública, por no haber actuado como garante de la seguridad sino más bien como promotor de una coartada para los responsables de gestionar ese riesgo.

Para ASTECSN no podemos seguir con este planteamiento que entendemos es profundamente erróneo.

Cuando se trata de un problema de Estado, el regulador debe ser, si cabe, aún más independiente. Si algún día se reclamaran daños y perjuicios al Estado español la culpa no debería recaer en los funcionarios, sino en el Pleno, que es quien debe instar y supervisar al CIEMAT (como titular responsable en este caso) a aplicar el plan de restauración aprobado por el propio CSN. En caso de que el CIEMAT no pueda realizar esa tarea, el Gobierno deberá tomar las medidas necesarias para que ENRESA asuma la titularidad de los terrenos y ponga en marcha un plan de limpieza y restauración.