La ASTECSN, integrada por técnicos del Cuerpo Superior de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, denuncia un vez más el uso partidista de los reguladores, en este caso del Consejo de Seguridad Nuclear, que en el expediente de reapertura de la central nuclear de Santa Mª de Garoña ha perdido credibilidad ante una sociedad harta de corrupción política.

El CSN, imprescindible para garantizar el buen funcionamiento de nuestro parque nuclear, no ha rendido cuentas ante el Congreso de forma transparente tal y como exige su propia regulación. Nuestro presidente D. Fernando Marti, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, expuso que mientras la empresa responsable de la gestión de la planta no cumpliera con todos los requisitos que fueron exigidos en la Instrucción Técnica emitida por el CSN en 2014, el CSN no aprobaría ningún informe técnico respecto a la prolongación operativa de la planta. Estas declaraciones se demostraron falsas cuando el CSN emitió su dictamen en febrero de este año.  Por otra parte, se ha mantenido abierto un expediente cuando la mayoría de la Cámara votó a favor de su cierre. Se ha trabajado un número de horas ingente (30.000 según el propio CSN) cuando ya había indicaciones suficientes de que la decisión política final sería contraria. Consideramos que este esfuerzo ha detraído recursos de otras actividades necesarias para el mantenimiento de la seguridad de las instalaciones.

El expediente de esta central nuclear se ha gestionado de forma inadecuada y habrá que sacar lecciones aprendidas para el futuro. Trabajar documentos en papel y no electrónicamente para que no se filtre la información, limitar el acceso a la misma de los técnicos y no hacer debates públicos del Pleno cuando toma resoluciones de esta envergadura, son problemas que seguimos sufriendo en el CSN. Un director técnico que dice ante el Congreso que una carta enviada a los responsable de Garoña en 2015 tiene un “valor jurídico relativo” es irresponsable. No publicar una matriz previa de conjunto que analice todos los parámetros a considerar, también es otro ejemplo de falta de transparencia. La energía nuclear no se puede gestionar ignorando la exigencia ciudadana de máxima transparencia y sin unos responsables de los que tengamos la debida garantía de independencia.

Estas actuaciones suponen un desgaste para el regulador nuclear que aparece ante los ciudadanos como una marioneta dirigida por objetivos políticos o intereses empresariales privados, y que proyecta sus carencias y fallos sobre esta Asociación, como ha hecho recientemente en respuesta a nuestros escritos, limitándose a ignorar nuestras propuestas al considerarlas como una injerencia.

Cuando tras Fukushima toda la normativa internacional enfatiza la transparencia y la independencia como valores fundamentales de los reguladores, en España continuamos con mecanismos deficientes en los cuales la discrepancia interna no es analizada y el Pleno y los Directores Técnicos ven a los críticos como enemigos de la energía nuclear, a los que habría que eliminar. Tratar de mantener la cultura del miedo, o la de conceder recompensas a los funcionarios dóciles con la línea jerárquica, son malas prácticas en un organismo regulador que debe considerar la actitud crítica y cuestionadora como un valor positivo.

Se necesita un cambio de valores en los dirigentes de muchas administraciones públicas. Por nuestra parte, mantendremos una actitud activa y vigilante hacia ese cambio imprescindible que demanda la sociedad española y no dejaremos de denunciar aquellos hechos que entendamos son incumplimientos normativos o son el reflejo de una mala praxis en el regulador nuclear.